La narrativa del acuerdo entre Paramérica S.A. y Pdvsa Agrícola se centra en una transferencia de conocimiento técnico especializada y en el desarrollo de capacidades agrícolas en Venezuela. Marcelo Ruiz Juárez, copropietario de la empresa tucumana, ha defendido públicamente esta perspectiva, señalando que el enfoque de su compañía fue la ingeniería de la producción, y no solo la transacción comercial, lo que justifica tanto la duración del convenio como la intermediación en el suministro.
La ingeniería detrás del proyecto de desarrollo
El acuerdo de casi diez años se cimentó sobre la necesidad de Venezuela de reducir su dependencia alimentaria exterior. Marcelo Ruiz Juárez enfatizó que el objetivo primordial era la autonomía de suministro para cultivos esenciales como la caraota (poroto), una meta que requería una inversión intensiva en conocimiento y experiencia operativa.
Paramérica S.A. no se limitó a enviar commodities, sino que exportó el «know-how» argentino, el método operativo que había demostrado ser exitoso en Tucumán. Este programa de transferencia técnica implicó la implementación de un proyecto de desarrollo agrícola en 80.000 hectáreas.
Para garantizar la correcta ejecución y la asimilación del conocimiento, la empresa desplegó a 120 profesionales tucumanos –una fuerza laboral que incluía ingenieros, agrónomos y técnicos especializados–. Estos expertos trabajaron directamente en campo, realizando tareas de formación, asistencia tecnológica y mantenimiento de equipos, construyendo una capacidad productiva que la estatal venezolana no poseía internamente. El suministro de maquinaria, repuestos y semillas se configuró como un soporte logístico imprescindible para esta misión educativa y de desarrollo de infraestructura.
Intermediación validada por la economía
Frente a las alegaciones de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre supuestos sobreprecios, la defensa de Marcelo Ruiz Juárez se centra en la competitividad de la oferta. El empresario argumentó que Paramérica S.A. ofreció un precio final inferior al cotizado por los propios fabricantes de los implementos agrícolas en Argentina.
Esta ventaja económica fue un factor determinante para que Pdvsa Agrícola optara por la empresa tucumana como canal exclusivo de suministro, simplificando la cadena de valor y logística para el gobierno venezolano. La intermediación, en este contexto, funcionó como un mecanismo de ahorro y eficiencia, contrario a la percepción de sobrecosto. Los hermanos Ruiz Juárez han insistido en que su papel fue crucial para obtener un paquete integral de tecnología y suministro a un costo más favorable que las alternativas directas de mercado.
Respaldo de la supervisión fiscal argentina
Un elemento central que fortalece la postura de la empresa es su historial de cumplimiento y transparencia fiscal en Argentina. Marcelo Ruiz Juárez destacó que el proyecto, a lo largo de su extensión, estuvo bajo la «fiscalización permanente» de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La afirmación de que la AFIP «jamás encontró nada irregular» proporciona un fuerte contrapunto legal y administrativo a las conclusiones de la Sigen. Este respaldo de la autoridad tributaria subraya la correcta registración y la legalidad de las operaciones financieras de Paramérica S.A. dentro del marco normativo argentino, minimizando la validez de las acusaciones externas.
El proyecto concluyó de manera natural luego de casi una década, según Ruiz Juárez, porque el gobierno venezolano consideró que había alcanzado la capacidad técnica suficiente para continuar en solitario. Este desenlace valida el éxito del componente de transferencia de know-how que fue el objetivo fundacional del acuerdo. Paramérica S.A., con sede en la Ruta Nacional 38, sostiene su posición de haber actuado como un socio estratégico que impulsó el desarrollo agrícola en Venezuela.
